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Guatemala, julio 16 de 2014.
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Guatemala, julio 7 de 2014.
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Guatemala, junio 9 de 2014.
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Guatemala, junio 6 de 2014.
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El Comisionado Iván Velásquez instó a los jóvenes a unirse para luchar contra la impunidad, durante el foro "Soy joven y me interesa"

Ley de Extinción de Dominio

Guatemala, noviembre 4 de 2010. La Ley de Extinción de Dominio es una herramienta fundamental de lucha contra el crimen organizado, flagelo del cual no escapa Guatemala, así como de la acción de las estructuras criminales enquistadas en el Estado.

Características generales de una Ley de Extinción de Dominio

Una Ley de Extinción de Dominio tiene cinco principales características:

1. No debe existir distinción sobre los tipos de delito o de actividades delictivas para perseguir los bienes, es decir no se puede hacer diferencia si la ley se aplicará contra grupos de narcotraficantes o contra bandas de secuestradores, y dejar al margen otras actividades delictivas igualmente lucrativas y perjudiciales como la corrupción oficial o paraoficial.

2. No puede ligarse la acción de extinción de dominio al proceso penal, porque es la manera en que se colocan ataduras a lo que debe ser expedito. Tiene que ser una ley con términos cortos, respetando el debido proceso, las garantías procesales y el derecho a la defensa.

3. Los operadores judiciales deben priorizar el trámite de los procesos relacionados con la extinción dominio, para que las decisiones de fondo no se vean afectadas por la acumulación de expedientes de otra naturaleza.

4. Es fundamental una adecuada administración de los bienes incautados, porque de lo contrario se corre el riesgo de su deterioro y de que el Estado se vea en la obligación de indemnizar a los propietarios de unos bienes sujetos a una extinción de dominio, en aquellos casos en que la acción no prospere.

Guatemala comenzó como un país de tránsito de estupefacientes, pero ya tiene problemas de consumo de drogas, porque parte del pago de este negocio ilícito ya no se hace con dinero en efectivo sino con la misma droga, y esto provoca que las bandas criminales guatemaltecas la vendan en su territorio para obtener las ganancias. A ello se suma una tradición de corrupción y estructuras criminales, situación por la cual es necesario implementar una serie de herramientas, entre ellas la Ley de Extinción de Dominio, para atacar el poder económico de esas organizaciones criminales y lograr su desarticulación.

La Ley de Extinción de Dominio (iniciativa 4021, pendiente de la aprobación final en el Congreso de la República) es importante para el país, así como lo ha sido para países como Colombia, México, Perú y Ecuador, en donde se ha demostrado que la referida normativa ha golpeado a las organizaciones criminales al privarlas del usufructo y propiedad de los bienes que han sido adquiridos de manera ilícita.

La aprobación de esta norma permitirá que el Estado de Guatemala pueda legalmente decretar a su favor las propiedades y bienes, que hayan sido adquiridos a través de actividades ilícitas y delictivas. Estos recursos serían utilizados por las instituciones del Estado para combatir eficientemente a las organizaciones y estructuras criminales, desestimulando la idea de que el delito no es castigado, y se contaría con los mismos para destinarlos a actividades en beneficio de la sociedad.

Actualmente el crimen organizado se ha sofisticado más. No es el que se conocía hace 30 ó 40 años, y las ganancias que ha logrado acumular son de grandes dimensiones, situación que obliga de manera urgente que los gobiernos de la región impulsen herramientas legales que permitan combatir a los grupos criminales. De esta manera se les restará su poder, el cual radica principalmente en el manejo de grandes cantidades de dinero en detrimento de los principios que una sociedad necesita para desarrollarse y solidificarse.

Objeto de la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio en Guatemala

La propuesta de la citada ley -pendiente de su aprobación por artículos y redacción final en el Legislativo- establece:

  • La identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los bienes, ganancias, frutos, productos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva a favor del Estado.
  • El procedimiento exclusivo para su efectivo cumplimiento.
  • La competencia y las facultades a las autoridades respectivas para la ejecución de la ley.
  • Las obligaciones de personas jurídicas o individuales, quienes se dedican al ejercicio de una profesión o actividades susceptibles de ser utilizadas para la transferencia, uso, ocultamiento y circulación de bienes producto de la criminalidad, actos delictivos o ilícitos.
  • Los medios legales que permite la intervención de las personas que se consideren afectadas por la aplicación de la presente ley.

La experiencia de Colombia

En Colombia se inició el proceso de extinción de dominio en 1996, con la aprobación de la Ley 333, cuyos antecedentes lo constituyen el artículo Quinto de la Convención de Viena, que refiere a la figura de la extinción del dominio y al concepto del derecho agrario de pérdida a la propiedad de tierras ociosas. Con ello se determinó que se puede declarar en comiso el dominio de los bienes adquiridos mediante el enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, por las debilidades que se detectaron en la aplicación de la referida ley, en diciembre de 2002 se aprobó la Ley 793, en la cual se establece la celeridad de las causas penales, lo cual significa que en un término aproximado de cuatro meses debe finalizar un proceso de extinción de dominio. Asimismo es independiente del ejercicio de la acción penal, es decir que la acción real no está ligada al desarrollo de un proceso penal.

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